Ernesto Ekaizer

Fracasan las maniobras para desimputar al PP en el caso del disco duro

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Fracasan las maniobras para desimputar al PP en el caso del disco duro

MadridLa Audiencia Provincial de Madrid, sección 23, ha rechazado la recusación del Partido Popular contra la magistrada Rosa María Freire, titular del juzgado 32 de Madrid, instructora del caso de la destrucción del disco duro de uno de los ordenadores del ex tesorero del partido Luis Bárcenas. Según ha confirmado ARA, los tres magistrados que formaron sala han desestimado por unanimidad los argumentos del PP sobre la presunta falta de imparcialidad de la magistrada.

El PP presentó dos recusaciones en septiembre pasado, una a continuación de la otra. Dichos incidentes fueron planteados dos meses después de que la jueza dictara, el 26 de julio de 2016, el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado por encubrimiento y daños informáticos. La resolución colocaba al borde del banquillo al PP como persona jurídica, a la actual tesorera, Carmen Navarro, al abogado de dicha formación, Alberto Durán Ruiz Huidobro, y al informático José Manuel Moreno.

Las dos recusaciones formaron parte de una estrategia procesal coordinada puesta en marcha a primeros de septiembre: una operación para dejar en agua de borrajas un procedimiento –el de la destrucción a través de 35 formateos del disco duro de un ordenador de Bárcenas- en el que el PP aparecía como imputado en plena negociación de la investidura de Mariano Rajoy.

La secuencia es sugerente. La jueza había dado de plazo a las partes hasta el 12 de septiembre para presentar sus escritos de acusación. El PP y la Fiscalía de Madrid presentaron sus escritos. Solicitaban el archivo de la causa. El 8 de septiembre, Bárcenas presentó un escrito en el que se oponía al archivo.

Y entre el jueves 8 de septiembre y el lunes 12 de septiembre de 2016, última fecha para el escrito de acusación, ocurrió el milagro: este lunes 12 el ex tesorero desistía y en lugar de acusar retiraba su denuncia. Dijo: "No estoy dispuesto a que se me señale y utilice con este tema como forma de atacar al PP y que España no tenga gobierno".

El PP planteó a continuación el archivo de la causa en aplicación de la doctrina Botín: sin acusación de Bárcenas, el perjudicado, y de la Fiscalía, el procedimiento no debía salir adelante. Y acto seguido, vino la artillería sobre la jueza Freire con las recusaciones. Tras desestimar la sección séptima de la Audiencia de Madrid la recusación por una pretendida idea en la mente de la jueza del PP como partido “machista”- evidencia de una presunta animadversión contra el PP- ahora llega la segunda de la sección 23.

Los magistrados Jesús Eduardo Gutiérrez, Celso Rodríguez Padrón y Arturo Zamarriego deliberaron el pasado miércoles, día 14 de junio, tras recibir la instrucción del incidente realizada por una magistrada de la sección séptima, siendo designado ponente Rodríguez Padrón. La Fiscalía de Madrid, por su parte, presentó informe desestimando la recusación de la jueza.

Los magistrados concluyen: “Ninguna de las circunstancias alegadas, por sí solas ni en conjunto, proyecta desde un punto de vista objetivo y aséptico, la impresión de pérdida de imparcialidad de la magistrada recusada que tuviese como consecuencia el apartarla del ejercicio de su función constitucional en el caso concreto”.

¿Cuáles son esas circunstancias? El hecho de que el vocal Álvaro Cuesta, miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), propusiera en su día a la jueza Freire, para desempeñar una comisión de servicios en la Audiencia Nacional. Según el PP, la jueza Freire “es la candidata del PSOE para ocupar puestos de relevancia en la carrera judicial”.

Dice el auto que desestima la recusación: “Parece latir en el fondo de esta alegación la conocida polémica en torno a la imagen que puede proyectar el Consejo General del Poder Judicial en algunas de sus decisiones dado el origen parlamentario del nombramiento de sus vocales. No podemos asumir que la defensa de una candidatura determinada para cubrir un puesto judicial previamente ofertado a través del mecanismo temporal de la comisión de servicios implique una "contaminación" política sobre el o la aspirante. Ni fue la única magistrada cuyo nombramiento se debatió ni, además, fue quien resultó designada”.

Otro de los argumentos: haber coincidido con Álvaro Cuesta en mesas redondas, siendo que el vocal es el responsable en el CGPJ de “mediación penal” – proceso de diálogo y comunicación confidencial entre víctima e infractor conducido por un mediador imparcial- y la jueza una especialista reconocida en la materia. El PP argumenta que otra de las razones de quiebra de esa imparcialidad es el hecho de que la jueza ha comparecido en la comisión de Justicia del Congreso, a propuesta del PSOE, sobre el proyecto de ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en mayo de 2015, donde realizó críticas.

El auto señala: “Deducir de esta crítica técnica —que ha sido compartida por muchos otros miembros de la carrera judicial en tantas otras reflexiones jurídicas- un atisbo de animadversión hacia un partido político y que eso luego se traduzca en la pérdida de imparcialidad si de juzgarlo se trata, excede, a juicio de esta sala, los términos de entendimiento de los valores del juez”. La juez Freire, pues, podrá ahora continuar con los últimos flecos de la instrucción. Tiene que resolver los recursos del PP, de la Fiscalía y de los imputados contra su auto de conclusión y dictar el auto de apertura de juicio oral contra el PP, Carmen Navarro, Durán Ruiz Huidobro y Moreno.

Interlocutòria de la Secció 23 de recusació Rosa Freire
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